Concejales de la oposición sostienen que el plan implicará, como mínimo, unos 100 millones de pesos adicionales por año. Además entienden que esta entrega forma parte de un acuerdo entre la gestión Mestre y los grandes acreedores de la comuna, empresas relacionadas con el delasotismo.
La semana próxima, cuando las basureras Cotreco S.A. y Logística Urbana S.A. (LUSA) comiencen con la limpieza de la ciudad, el intendente de Córdoba, Ramón “Chanchito” Mestre, estará satisfecho. Luego de varias marchas y contramarchas, con acciones que rozaron lo ilegal, el jefe comunal por fin verá cristalizada la tercerización de la empresa estatal Crese (barrido y recolección), un objetivo por el que bregó desde el primer día de su gestión. El supuesto ahorro de unos 40 millones de pesos anuales, que la oposición contundentemente refutó, fue el único argumento que Mestre blandió para justificar esta enajenación de Crese, que según todas las estimaciones implicará, como mínimo, unos 100 millones de pesos más por año.
Sin embargo, no fueron estos los verdaderos motivos de esta desprolija concesión, en la cual están en juego la friolera de 1.000 millones de pesos. Como se comenta en los pasillos del municipio, la entrega de Crese formó parte de un entendimiento mayor entre la gestión Mestre y los grandes acreedores de la comuna, cuyo lobbista principal es Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y propietario a su vez de Cotreco, una empresa relacionada con el delasotismo. El arreglo consistiría en la entrega del negocio de la basura a Cotreco, a cambio de que los acreedores del municipio acepten la benévola refinanciación de la deuda que impulsa el municipio con 12 años de pago.
El interés de Cotreco por ingresar a Crese comenzó el 3 febrero del 2011. Ese mes, luego de la polémica caída del contrato con Innvairon, la empresa Compañía Remedición Ambiental presentó una propuesta a Crese para el tratamiento final de los residuos sólidos urbanos. Este consistía en compactar la basura de la ciudad de Córdoba y otros 14 municipios, en cubos de una tonelada, que luego serían enterrados en el predio de enterramiento ubicado sobre la ruta 36. Compañía de Remedición Ambiental es una firma conformada por GUBA S.A. y Cotreco, dos empresas propiedad de Horacio Busso que tienen el mismo el mismo domicilio legal: Talcahuano 309, 3 Piso, Oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su presidente es Raúl Olocco, ex secretario de Energía del gobierno de Alfonsín y ex funcionario de EPEC durante la gestión de Eduardo Angeloz. Por ese entonces, Olocco mantenía estrechos lazos con el intendente Daniel Giacomino, dado que su hijo, Ignacio Olocco, era presidente de la empresa municipal de colectivos TAMSE.
A simple vista, este interés de Cotreco por enfardar la basura parecía traer por lo bajo un típico negocio bipartidista. Horacio Busso, dueño de Cotreco y Compañía de Remedición Ambiental, es primo hermano del legislador Sergio Busso, un delasotista de paladar negro, que ocupó distintos cargos junto al actual gobernador José M. De la Sota. Ambos son oriundos de Serrano, un pueblo de 3.500 habitantes, ubicado al sur de Córdoba, cuyo intendente es Enrique Busso, hermano de Sergio Busso y primo de Horacio. De hecho, el surgimiento y la expansión de las empresas de Horacio Busso coincidieron con el desembarco de su primo Sergio al poder provincial de la mano de De la Sota. Por esa fecha, Horacio, a quien se lo señala como un presunto testaferro de su primo Sergio, creo la firma Compañía Argentina de Limpieza (CAL) que pasó a prestar un redituable y único negocio: limpiar reparticiones públicas provinciales y municipales (escuelas, museos, ministerios, etc.). “El sector público interviene y me gusta. En la peor confrontación entre Juez y De la Sota, nuestra empresa prestaba servicios para la municipalidad y la provincia. No voy a cambiar a esta altura”, dijo Horacio Busso con total sinceridad en una entrevista donde pretendió justificar que su origen empresarial provino de unos telecentros que tuvo en la ciudad de Coronel Moldes.
Aun así, a pesar de que el municipio llamó a concurso de precios, y muchas empresas del 2011 participaron, este primer intento de Cotreco de ingresar a Crese no se concretó. El 3 de abril del 2011, desde el Concejo, la UCR, enfrentada con Giacomino, frenó en seco la iniciativa de Cotreco, cuando junto con otros ediles de la oposición le negaron al ex intendente la posibilidad de que expropiara el terreno de la ruta 36 para que allí funcionara el predio de enterramiento de los cubos enfardados. “El contrato es de 441 millones de pesos en 10 años. No tengo la más mínima duda de que acá no hay voluntad del intendente Giacomino de solucionar el problema de la basura. La única voluntad es avanzar en la expropiación para adjudicar una licitación innecesaria, sumamente costosa, que no soluciona el problema a los vecinos de Córdoba y que sí pretende solucionársela a unos pocos”, argumentó en ese entonces Marcelo Cossar, actual viceintendente de la ciudad de Córdoba, por entonces jefe del bloque de concejales de la UCR, cuyo partido luego hizo todo lo que cuestionaba.
Luego de este rechazo, sería el propio radicalismo el que pocos meses después le entregaría casi todo el negocio de la basura a la empresa de Horacio Busso. Esto comenzó a plasmarse durante la campaña para intendente, en la cual Mestre y Cossar públicamente manifestaban la intención de que Crese fuese privatizada. Sus palabras eran escuchadas con suma atención por Horacio Busso, cuya empresa ya controla la recolección de cinco municipios del interior, y quien, junto con las cámaras empresariales más influyentes de la “Docta”, respaldó al candidato de la UCR. Estas se hicieron explícitas en agosto del 2011, cuando Mestre presentó los ejes de su gestión prometiendo como tercer punto “logar la sustentabilidad ambiental con un adecuado tratamiento de los residuos, con más espacios verdes y el monitoreo de ríos, aire y suelo”, algo que al dueño de Cotreco le sonó como música para sus oídos.
En esa dirección, luego de resultar electo intendente de Córdoba, Mestre nombró como secretaria de Ambiente de la ciudad a Gabriela Faustinelli, ex funcionaria de Rubén Martí, quien supo trabajar para Cotreco “en algunos estudios puntuales”. Tras su llegada, Alberto Castaño, presidente de la Crese, haciendo una interpretación capciosa del artículo 19 del estatuto de la empresa (la que autoriza la tercerización de los servicios), sin llamar a licitación pública, convocó a las empresas recolectoras privadas para que presentaran ofertas para la recolección de basura y el barrido de las calles, dejando para más adelante el tema del enterramiento, hasta que el municipio encuentre un predio definitivo.
“Esta privatización del servicio la tendría que haber hecho mediante una licitación pública e intervención del Concejo Deliberante, como órgano de contralor correspondiente. Porque acá no sólo se desestatizó un servicio, sino que todo se hizo sin licitación pública, disfrazada con un concursito de precios, donde ya tenían predeterminados a los ganadores”, sostuvo ante Veintitrés el concejal juecista Esteban Domina. Lo propio sostuvo la concejal del Bloque Eva Duarte, quien acusó al actual gobierno municipal de “falta de transparencia” y “autoritarismo”. “El intendente mintió al decir que se van a ahorrar 20 millones de pesos en servicios de barrido y recolección de basura porque los 37,2 millones que dijo que se pagarán en 2012 a las privadas, más los cinco millones de la Crese residual, significan 10 millones más de lo que costaba el servicio cuando a lo brindaba Crese. Además, porque hay una cláusula, de la cual se cuidó muy bien de no hablar, que estipula que todos los meses se va a poder ajustar el precio del servicio. Con una inflación del 25 por ciento, todos los meses vamos a estar pagando un millón y medio más. Por lo tanto, vamos a gastar 20 millones más, no los vamos a ahorrar” explicó la concejal.
También Eduardo García, ex titular de le empresa Crese, arrojando mas sospechas a la contratación, añadió ante esta revista: “Acá hubo una interpretación absurda del artículo 19 del estatuto. Porque si bien este estatuto establece que la empresa podía tercerizar servicios, estos eran los servicios secundarios. Crese no puede tercerizar su esencia. Hubo una interpretación forzada que raya con la ilegalidad, porque se hizo forzando una interpretación del estatuto para tercerizar la empresa, de manera encubierta, sin hacer una licitación”.
Aun así, a pesar de los cuestionamiento y denuncias, a fines de febrero de este año, Mestre decidió contratar los servicios de Cotreco y Logística Urbana, también de controvertido origen (ver recuadro). Un negocio que trepará a los 1.000 millones de pesos en dos años. Por ello pagará un monto base de 37,2 millones de pesos mensuales para este año que se actualizará cada vez que los costos se incrementen un 2,5%. Algo que, estiman, con una inflación del 25%, será todos los meses. El direccionamiento hacia Cotreco fue tan evidente que la firma de Busso, que este año embolsará unos 229,5 millones de pesos, fue la gran favorecida en la repartija de las zonas al quedarse con el barrido y la recolección de la zona sur. Esta zona incluye la de mayor área geográfica y abarca el centro y Nueva Córdoba, dos áreas clave en este negocio por la cantidad de residuos que generan y la más próxima al predio de enterramiento.
Toda esta contratación se desarrolló mientras el gobierno de Mestre, a través de su secretario de Economía Diego Aquino, anunciaba un osado plan de refinanciación de sus deudas, unos 700 millones de pesos según estimaciones, que el municipio pretende pagar con un bono a 12 años. El plan, que de concretarse le otorgará un gran oxígeno a las cuentas de Mestre, recibió el inmediato apoyo de Horacio Busso, dueño de Cotreco, y representantes de los grandes acreedores. “No nos asusta la titularización de la deuda, porque tendríamos un instrumento para descontar en los bancos y que es mucho más creíble que una factura o un certificado de obra. Por eso creo que es el momento de generar confianza en el municipio”, señaló Busso sabiendo que en política todo se negocia, hasta la basura.
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Vaciamiento
Para muchos, con esta tercerización de los servicios esenciales de Crese, se estaría produciendo un virtual vaciamiento de la empresa. Es decir, se le estaría engordando su pasivo y licuando su activo. El ex presidente de Crese, Eduardo García, quien maneja los números de la empresa con gran precisión, advirtió a este medio que esta concesión no deja claro qué va a pasar con los 70 camiones que tiene la empresa y que cuestan 600 mil pesos cada uno. Los mismos, según el municipio, “serán vendidos”. No se sabe en qué condiciones y de qué manera, dado que algunos fueron comprados en base a créditos y aún están prendados. Asimismo García destacó que será Crese y no las nuevas recolectoras la que se hará cargó de la futuras indemnizaciones que se produzcan en estos dos años de concesión, lo cual abultará el pasivo de la empresa estatal, que actualmente ronda los 150 millones de pesos, en unos 30 millones más. Por último, Crese se hará cargo de la deuda de 150 millones de pesos, y quedará también a cargo del predio de enterramiento. La parte más volátil y delicada de este negocio, que en le puede deparar a la comuna futuras acciones legales en su contra.
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Mestre y la Basura
No es la primera vez que el apellido Mestre está enredado en una polémica en torno a la basura. A comienzos de 1984, a días de ganar las elecciones para el cargo de intendente (las primeras luego del golpe de 1976), en medio de una polémica, su padre, el radical Ramón “Chancho” Mestre, decidió quitarle la concesión del servicio de limpieza de la ciudad a la empresa ASEO, de Franco Macri, por ser una “mucama cara”, y concomitantemente entregarle el servicio al grupo Roggio y su firma Clima porque, según revelaciones periodísticas, este grupo económico había sido uno de sus principales financistas políticos.
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Logística Urbana, otra empresa cuestionada
Cabe destacar que Logística Urbana, nativa de Corrientes, donde en el 2001 los apellidos Mestre llevaron adelante una dura intervención salpicada de corrupción, es otra empresa severamente cuestionada. Es propiedad del empresario correntino Juan Carlos Romero, zar del transporte del interior y presidente de la FATAP (Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros). Su ingreso al negocio de la basura fue el año pasado, en medio de acusaciones y denuncias, cuando el intendente de la ciudad de Corrientes Carlos Mauricio Espíndola (un ex atleta ganador de cuatro medallas olímpicas), le otorgó de manera directa a Logística Urbana el servicio de recolección en la ciudad.
